El secretario general de Gobierno del Estado, Santiago de la Peña Grajeda, fijó la postura institucional del Gobierno estatal en torno a la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, al señalar que se trata de un asunto que corresponde de manera exclusiva a las atribuciones del Ejecutivo federal y, en particular, a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, como responsable de la conducción de la política exterior de México.
En declaraciones a medios de comunicación, De la Peña Grajeda subrayó que este es un tema altamente complejo y polémico, que debe analizarse desde la óptica del derecho internacional y del marco constitucional mexicano, el cual establece con claridad quién debe definir la posición del país frente a acontecimientos de esta naturaleza.
“Este es un tema bien polémico; nos remite irremediablemente a dos supuestos: al derecho internacional y, obviamente, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que es el Ejecutivo federal, la Presidencia de la República, la responsable de la conducción de la política exterior del país, en base a ocho principios perfectamente delimitados”, explicó.
En ese sentido, reiteró que cualquier pronunciamiento oficial o postura del Estado mexicano frente a la detención de Maduro deberá ser definida por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien —dijo— ha demostrado actuar con responsabilidad y siempre considerando el interés superior del país.
“Entonces, la respuesta de México como país o la posición de México como país le corresponde a la presidenta Sheinbaum, y estoy seguro de que se hará con toda responsabilidad y, como ha sido su costumbre, pensando en el mejor interés para el país”, sostuvo.
NO SE PUEDE DEJAR DE OBSERVAR LA CRISIS EN DERECHOS HUMANOS CON EL REGIMEN DE CHÁVEZ Y MADURO
No obstante, el secretario general de Gobierno enfatizó que, desde una perspectiva de derechos humanos, resulta imposible ignorar la profunda crisis que Venezuela ha atravesado durante las últimas décadas, particularmente desde el inicio del régimen encabezado por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro.
De la Peña Grajeda recordó que entre 8 y 9 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos 25 a 30 años, migrando principalmente hacia Europa y Estados Unidos, lo que —dijo— constituye un indicador contundente del deterioro institucional, económico y democrático que ha sufrido esa nación sudamericana.
“Esto refuerza la idea de que Venezuela es un país en el que no solo se han deteriorado sus instituciones, sino que ha habido un deterioro notable a partir del inicio de este régimen, primero con el presidente Chávez y posteriormente con el de Maduro, afectando gravemente la economía de las familias, pero además —y creo que esta es la parte más importante— se ha venido consolidando un régimen en el que se han destruido las instituciones democráticas y sistemáticamente se han violado los derechos humanos de los ciudadanos”, afirmó.
En este contexto, consideró que, más allá de la postura diplomática que fije el Estado mexicano, existe una responsabilidad moral y política de no ser indiferentes ante la situación que vive el pueblo venezolano.
“La posición oficial la tendrá que fijar el Estado mexicano, pero creo que en términos de derechos humanos no podemos ser ajenos a lo que está pasando en Venezuela”, puntualizó.
Finalmente, De la Peña Grajeda se refirió a los elementos que rodean la detención de Maduro, aclarando que se trata de un arresto derivado de señalamientos realizados por el gobierno de Estados Unidos, país que lo considera —junto con su esposa— responsable de afectar sus intereses nacionales.
“Hay una intervención y es arrestado, y esto es bien importante precisarlo: es arrestado porque en los Estados Unidos se le considera al señor Maduro y a su esposa como personas que han agredido o lastimado los intereses de ese país. Se les acusa, entre otras cosas, de tener vínculos con el narcotráfico”, explicó.
El funcionario concluyó que se trata de un proceso que apenas comienza y cuya evolución deberá analizarse con cautela antes de que México, como Estado, pueda eventualmente fijar una postura más robusta y definida en el ámbito internacional.